Aunque no lo parezca, las pensiones tienen futuro

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Medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial frente al COVID-19

Diríase que, en España, alguien está intentando cargarse el sistema de pensiones. Veamos los argumentos tal y como se expresan condensados, pobremente, es verdad, en los titulares del debate. Por un lado, simplificando, están quienes reclaman ajustes en sus parámetros básicos que, ineludiblemente, se les acusa, traerían “recortes” en su montante determinando una pérdida de su poder adquisitivo con tal de lograr su sostenibilidad, garantía a su vez, reclaman sus defensores, de que algo se pueda pagar. Y, por otro, están quienes, animados por bases nada minoritarias, reclaman el incesante aumento de su poder adquisitivo, al menos de las pensiones más bajas, y el aporte de recursos presupuestarios adicionales para garantizar su sostenibilidad, como si no hubiera, les achacan sus oponentes, ninguna limitación presupuestaria o de deuda. Enseguida vuelo a esto.

 Por otra parte, cuando hablamos de pensiones en España, nos referimos casi exclusivamente a las de la Seguridad Social, públicas y contributivas, que cubren a todos los trabajadores sin excepción. Y solo, muy ocasionalmente, incluimos en el lote a las pensiones de empleo o individuales (estrictamente privadas). Al parecer esta segundas no existen (lo cual se acerca a la verdad), a diferencia de lo que sucede en los países más avanzados a los que deseamos parecernos.

 Por fin, en los últimos años se han venido produciendo tensiones en el ámbito social, mediático y político en lo que a la reforma de las pensiones se refiere. Solo me remontaré al periodo inmediatamente posterior a la adopción de dos de las más importantes reformas previsionales adoptadas por nuestro país desde la decisiva reforma de 1985. Como recordarán los lectores que me acompañan en la cohorte de 1951, esta reforma acabó con la aberrante práctica de la denominada “compra de pensiones” y supuso una grave ruptura entre el gobierno de Felipe González y los sindicatos.

pensiones

En las reformas de 2011 y 2013 se definieron potentes elementos de cambio, no diré radical, pero casi, a la vista de la práctica inmovilidad del sistema en los veinticinco años precedentes, que afectaron a piezas clave del modelo público. Las principales, en la reforma de 2011 (en vigor desde el 1 de enero de 2013), fueron (i) el aumento progresivo de la edad de jubilación a los 67 años (en 2027, 66 años en la actualidad), (ii) la extensión del periodo de cómputo de la base reguladora a 25 años (en 2022, 24 años en la actualidad) y (iii) el anuncio del desarrollo futuro del Factor de Sostenibilidad. La reforma de 2013, por su parte, introdujo dos piezas clave para la sostenibilidad de las pensiones: el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y el propio Factor de Sostenibilidad anunciado en la anterior reforma. Ambos entraron en vigor el 1 de enero de 2014 y, como es bien sabido, se encuentran en la actualidad suspendidos y/o en vías de derogación debido a su “lesiva” acción sobre el importa de la pensión.

 Las reformas de 2011 y 2013 no van a poder rendir todo su potencial porque una característica acusada de las llamadas “reformas paramétricas” es que agotan sus efectos en pocos años y se ven superadas por desarrollos que no estaban escritos en los escenarios contemplados pero que se producen de todas las maneras sin que los ajustes realizados, modestos por definición, puedan actuar sobre ellos. Pues no estaban programados para menesteres tales como un ataque desde Marte. Me refiero a la terrible pandemia que nos asola todavía y que dejará un impacto duradero sobre las cuentas de la Seguridad Social a causa de la tremenda disrupción que ha impuesto al mercado de trabajo.

 Pero es que las propias medidas adoptadas, aparentemente de calado, llevan cláusulas de escape que reducen su eficacia. El retraso de la edad de jubilación no afecta a los trabajadores que lleven más de un número determinado de años cotizados. A su entrada en vigor, esta cláusula ya afectaba a la mitad de las nuevas altas de pensiones. Hoy, siete años más tarde, afecta todavía a más de una tercera parte de las nuevas altas. Esta válvula de escape solo se comprende cuando se tiene en cuenta que las reformas de las pensiones, desde 1995, deben pasar por el Pacto de Toledo, un Acuerdo Social y un trámite parlamentario.

 Al mismo tiempo, la reforma de 2013 se encuentra virtualmente parada otros siete años después de su entrada en vigor. Por si fuera poco, la medida de ampliar el periodo de cómputo a los 25 años, que se consumará en 2022, puede verse convertida en agua de borrajas si, tras la versallesca “escaramuza de los 35 años”, se acaba colando, con algún tipo de aumento del periodo de cómputo, la elección de los mejores años de cotización. Para eso sería mejor quedarnos como estamos.

 Con las reformas de 2011 y 2013, adoptadas en un periodo de fuerte crisis financiera, económica y del empleo, nunca, desde 1985, se habían dado pasos tan relevantes… sobre el papel. Porque, tampoco nunca, se habían desandado de tal manera dichos pasos.

 Pero, a pesar de esta andadura desde 2011 hasta hoy, en lo que se refiere al Pilar I de las pensiones, y tan recientemente como en los últimos meses, se ha producido dos importantes elementos referidos a los Pilares II y III.

 El más serio, por lo grave, es la reducción de la deducción de las aportaciones a los vehículos de pensión individuales. Algo, la verdad, inaceptable. Desde luego, para quienes pensamos que todo vehículo previsional debe tener el mismo tratamiento fiscal que el que tienen las cotizaciones y las pensiones de la Seguridad Social. Es decir, la misma deducción (hasta la base máxima de cotización o su equivalente) de las aportaciones de la base del IRPF (y de la del IS, para los empleadores) y la sujeción de las prestaciones al IRPF. Francamente, no veo excepción a esta regla, especialmente si es para acabar perjudicando a un grupo muy especial de trabajadores que mayoritariamente adquieren vehículos previsionales individuales: los trabajadores autónomos, sobre quienes se nos llena la boca en su defensa. Estos trabajadores, además, no van a tener, en su mayoría, buenas pensiones de Seguridad Social, bien cierto es que porque así lo han elegido ellos mismos.

sistema pensiones

 Pero hay una buena noticia. El “súperfondo” que anuncia la Disposición Adicional Cuadragésima de la Ley 11/2020 de los PGE para 2021. No es momento de extenderse aquí sobre ello, pero con mucha cautela (y habrá que estar muy atentos) esta DA abre potencialmente la puerta a una importante revolución en la Previsión Social Complementaria española. Sumido en un sueño, quizás eterno, desde hace tiempo, y más al albur de los mercados de deuda y renta variable que gobernada por un inexistente dinamismo interno, el Pilar II del panorama previsional español necesita un fuerte revulsivo. Así, que, con las cautelas mencionadas, me congratulo de este anuncio.

 Sobre los Pilares II y III, confieso que llevamos décadas cometiendo el mismo error: “maldecir” a la Seguridad Social para “colocar” nuestros productos. Esta técnica de mercadotecnia no puede ser más errónea, y a la vista están sus resultados. La Seguridad Social española nunca dejará de pagar pensiones y tampoco la van a destruir jamás sus adversarios (entre los que no me encuentro). Si acaso, la destruirán sus entusiastas, pero esto es harina de otro costal.

 Sea cual sea la situación del Pilar I, y en todos los países sucede lo mismo, los trabajadores afrontan un reto previsional enorme. Porque cada vez viven más tras cumplir su edad de jubilación y la revolución digital, en un marco de reparto del Pilar I, está ya chocando frontalmente contra el modelo laboral y productivo del S. XX todavía predominante. Sin innovaciones en los frentes, formativos, laborales y previsionales no tendremos futuro.

 Siempre digo que el futuro de las pensiones es malo, como lo es el futuro del trabajo. Para, a continuación, insistir en que las pensiones del futuro, como el trabajo del futuro, van a ser muy buenas. Espero que adviertan el juego de palabras. Para lograrlo, claro, hay que ser más inteligentes de lo que hemos sido hasta ahora. Pero no mucho, solo un poco más. Y trabajar muy duro, eso sí. Y, sobre todo, innovar. Aunque no lo parezca, las pensiones tienen futuro.

PUBLICADO POR
José Herce
José Herce
Doctor en Economía y Profesor de la Universidad Complutense de Madrid
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